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La situación del coronavirus se ha desbordado, tanto que se espera que en unos pocos días se pase de los 5.180 a última hora de la tarde y 132 fallecidos a más de 10.000 casos. Sin posibilidad de control, la única opción que queda ya es intentar ralentizar los contagios para que los sistemas de salud no se colapsen, una tarea nada fácil en algunas zonas, como Madrid, con más de 2.600 contagios en este momento y 86 fallecidos. El confinamiento de una zona no parece una opción válida, según indican fuentes de la comunidad más afectada, ya que el virus se ha expandido por toda España (ya ha llegado incluso a Melilla y Ceuta, hasta ayer libres). Se necesita la acción del Gobierno y todos sus recursos, civiles como militares (personal, hospitales, vehículos…), para intentar que la población se quede el mayor tiempo posible en sus hogares.
La mayoría de las comunidades autónomas han echado mano de todas sus competencias para acotar la difusión del Covid-19, pero son insuficientes. El cierre de centros escolares, comercios, centros comerciales, bares, restaurantes y demás servicios, salvo los considerados básicos, como los establecimientos de alimentación y las farmacias, que han adoptado algunas autonomías son insuficientes si el Gobierno de España no hace uso de sus competencias y limita los movimientos.
La efectividad de las medidas no se verá hasta al menos en una semana; seguirá al alza la cifra de infectados
El estado de alarma decretado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que hoy se materializará tras la aprobación por el Consejo de Ministros, da el poder al Estado para decidir precisamente limitar los movimientos de los ciudadanos todo lo posible. Tanto por carretera como por ferrocarril. En cuanto al tráfico aéreo, fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que en principio se mantendrán los vuelos ya que las limitaciones se centrarán en el interior del país. Decenas de países han cancelado los vuelos hacia España.
Lo que sí está claro es que, le pese al gobierno regional que le pese,
los actos de Semana Santa se suspenderán, porque aunque el estado de alarma tiene un plazo de 15 días (se renovaría con el visto bueno
del Congreso el día 24 de marzo), los expertos hablan de al menos cuatro semanas, como también dio a entender el propio Pedro Sánchez en su intervención institucional. Eso implica que no habrá el tradicional éxodo que se produce en esas fechas.
La declaración del estado de alarma llegó precedido de la decisión del Gobierno del País Vasco de declarar la emergencia sanitaria. Hasta hace unos días era la segunda comunidad más afectada (a última hora de la tarde, con 417 casos y 11 fallecidos), pero ha sido superada por Catalunya debido a la situación de Igualada (Barcelona). Al cierre de esta edición, 509 casos y 6 fallecidos. Galicia hizo lo propio.
Con la constatación de que Catalunya sigue los pasos de Madrid y que la situación ya está descontrolada, el Govern ordenaba el cese de actividad y cierre de espacios como gimnasios, pistas de esquí, discotecas y locales comerciales que no están destinados a ofrecer productos de primera necesidad.
A partir se ahí se sumaron otras comunidades, entre ellas, evidentemente, Madrid, que al mediodía de ayer decidía cerrar las terrazas, bares y restaurantes. En Madrid ciudad, la prohibición comenzó ayer mismo en un intento de mantener a las personas en sus domicilios el mayor tiempo posible.
Por la tarde, amplió las prohibiciones: “Se ordena la suspensión de la actividad en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid de los espectáculos públicos, actividades recreativas, locales, establecimientos y comercios minoristas”. Con el objetivo de garantizar los suministros de productos básicos y de alimentación a la población, podrán seguir abiertos con normalidad los comercios de alimentación.
La Comunidad de Madrid también ha decretado la suspensión durante los próximos 15 días de las actividades que realizan los centros de atención a personas con discapacidad.
Todo dirigido a evitar que la población salga de su domicilio, algo que por el momento no se ha conseguido. Las terrazas hasta la noche del jueves estaban llenas, en contra de las recomendaciones del Gobierno regional. También ha habido quienes, aprovechando el cierre de los colegios y las universidades y la instauración del teletrabajo se ha marchado a sus segundas residencias en la costa del este peninsular.
Precisamente ante esta situación, el Gobierno de Murcia decidió ayer confinar a unos 370.000 vecinos de localidades turísticas como Mazarrón o Águilas, lugar habitual de vacaciones de los madrileños precisamente para evitar que se expanda el virus.
Mientras tanto todos esperan las nuevas medidas que pueda adoptar el Gobierno de Sánchez hoy. Además de las relativas a la limitación de movimientos, se esperan decisiones que permitan hacer frente a la saturación de los hospitales y la entrega de material de protección para los sanitarios y respiradores para los pacientes, de los que actualmente carecen en, al menos, los centros hospitalarios de Madrid.
El Gobierno ha puesto en marcha la compra de estos productos que ya han empezado a entrar en esta región, pero se precisan para el resto de comunidades que ya comienzan a tener problemas serios tanto de esos productos, como de camas para hospitalarias y de UCI. En este momento hay casi 300 contagiados en estado grave.
El Ministerio de Defensa ha ofrecido los hospitales de Madrid y de Zaragoza para lo que sea necesario, así como todo el personal disponible, así como su centro de producción de fármacos y sus vehículos de transportes.
“Vienen semanas muy difíciles”, dijo ayer Sánchez. Y es que, como explicó el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, los efectos de todas estas medidas no se podrán ver hasta dentro de una semana como mínimo. Hasta entonces las cifras seguirán subiendo con rapidez. Es importante concienciarse de que vienen días complicados.
