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Las principales asociaciones de comerciantes de España han alertado de sus dificultades para afrontar los gastos corrientes durante la pandemia del coronavirus, especialmente los alquileres de locales, lo que en su opinión provocará el cierre de la mitad de empresas y cientos de miles de empleos destruidos. El Gobierno aprobó el martes pasado, en el último de los paquetes de apoyo económico a pymes, medidas para flexibilizar la renegociación de alquileres entre comerciantes y grandes propietarios de locales en alquiler como empresas públicas, grandes tenedores o propietarios de locales de más de 1.500 metros.
Pese a ello, y tras más de un mes de cierre forzado de los establecimientos, la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco), las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia, y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, FECE, han emitido un comunicado conjunto para lanzar un grito de alarma al Gobierno. Las medidas aprobadas el martes benefician, según estima el Gobierno, a 220.000 inmuebles alquilados para uso comercial.
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Pero es que las organizaciones firmantes representan a más de la mitad de todo el comercio del país, con 510.000 puntos de venta que generan 1,7 millones de puestos de trabajo. El comunicado denuncia que las asociaciones se enfrentan a una situación «sin precedentes, un escenario de corte radical de ingresos» que abocará al cierre al 50 % de empresas, según los sectores, y provocará la destrucción de «cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo».
Según las asociaciones, el sector comercial tiene un peso en la economía española del 13 % y es el primero en términos de empleo, con 3,2 millones de trabajadores en 2018, lo que supone el 17 % del total de afiliados. Un estudio de CEOE dado a conocer a final de 2019 cifraba en 760.000 las empresas adscritas a esta actividad. El 77,5% de sus trabajadores tenía contrato indefinido, 4,3 puntos por encima del promedio en España del conjunto de sectores (73,2%). La cifra de negocio agregada de todas esas empresas se elevó a 770.000 millones de euros, según la Encuesta Anual de Comercio.
Redistribuir los perjuicios
Los comerciantes reclaman una línea de subvenciones que les permita el pago de los alquileres durante el cierre obligado y exigen al Gobierno un «nuevo marco normativo» para renegociar los arrendamientos y condonar rentas. «Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa, poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento«, añaden las asociaciones, que creen que la norma debería incluir el período del estado de alarma y al menos hasta los seis meses posteriores.
Las organizaciones instan también a revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales, así como crear un «foro de diálogo» tutelado por las administraciones que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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Algunos rasgos del sector en España explican esta mayor fragilidad relativa respecto a la actividad en el resto de Europa. Hay una media de un 12% de autónomos frente al 9% de promedio en los 28 estados miembros de la UE. Además, el 44% de las empresas tiene menos de diez empleados, mientras que en el conjunto de la UE ese procentaje es el 34% (y del 29% si se tiene en cuenta sólo a Francia, Reino Unido, Italia y Alemania).
