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La semana pasada fue una semana muy controvertida sobre las políticas publicas que fueron publicadas en el DOF: 15/05/2020, referentes a la gestión y administración de la energía eléctrica para México. Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Trataré de resumir las implicaciones de dicha política publicada. Se están impactando 44 proyectos de generación de energía limpia y de bajo costo, al quedarse en revisión su arranque y/o terminación de construcción a pesar de que ya contaban con todos los permisos y cumplían con las reglas y normas existentes hasta antes del 15 de mayo. Para Nuevo León impactará inversiones por $666mdd, que por lo pronto quedan en revisión, ojo no suspendidos. Y más allá de lo económico asociado a las inversiones en riesgo, fuentes de empleo y generación de energía limpia y las más de 700 mil toneladas de CO2 que se evitarían emitir al medio ambiente en el total de proyectos del país, dicha publicación comete una falta al principio de legalidad ya que no hay una fundamentación y motivación por parte de la CENACE al no contar con facultades legales para un ajuste a sus manuales operativos, por lo que tuvo que haberse escalado por la CRE a través del Código de RED fundamentando técnicamente los impactos por la contingencia del Covid-19 a la estabilidad de la red eléctrica, a consecuencia de los cambios de hábitos y consumos en el contexto de la pandemia. Fundamentada en la pandemia, dicha política tampoco expresa una temporalidad limitada. Tampoco hay evidencias probadas y sustentadas de que las presumibles fallas en la red eléctrica son atribuibles a las fuentes de energía renovables, y para rematar no hubo consulta previa con base a la ley general de mejora regulatoria atentando al principio de retroactividad afectando a los derechos de particulares. En resumen, hay evidencia contundente de fallas al debido proceso para movilizar una política pública como la que se publicó en el DOF el pasado 15 de mayo, desencadenando una lluvia de amparos, cartas, solicitudes formales de varios países invitando al gobierno mexicano y sus representantes como el mismo presidente de la república, secretarios de estado y poder judicial a hacer respetar las leyes y derechos vigentes.
Por lo pronto, lo anterior viaja en el mundo de las grandes plantas de energía renovables como lo es la fotovoltaica (parques solares muy grandes), pero deja abierta la puerta a la imaginación si pudiera permear dichos argumentos erróneos sobre la intermitencia de las energías renovables a la estabilidad y seguridad de la red eléctrica y poder así regular, suspender, revisar o frenar contratos en generación distribuida exenta para conectar paneles solares en nuestras casas y negocios. La moneda está en el aire, es parte de la nueva normalidad a la que nos enfrentaremos los próximos días, meses y años. Si me preguntas a mi, ¿qué yo haría?, trataría de acelerar mi toma de decisión para comenzar a generar mi propia energía limpia, rentable y de bajo costo en mi casa, empresa o negocio ya que la ley actual y vigente lo permite. Esto que está pasando es la antesala de nuevos cargos en el recibo de CFE, cambios en los precios de las tarifas, por citar algunos.
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El autor es Consultor en Energía Becquerel Power®.
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