Crédito: fuente
Es parte de lo que se vio en los discursos alineados de Alberto el 1° de marzo y de Cristina Kirchner en su alegato de defensa en la causa acusada de defraudación al Estado por la política de dólar futuro cuando fue presidenta.
Aunque Cristina Kirchner unificó todos los problemas -políticos y económicos- en su alegato acusando a los jueces de ser responsables del vaciamiento y de la devaluación provocada por la fuga de capitales de la era Macri, Alberto mantiene separadas las estrategias económica y política.
La estrategia política
Por un lado, se alineó todo el Gobierno bajo las denuncias de lawfare (persecución político judicial) de la vicepresidenta, e impulsa duros cruces con el Poder Judicial y la oposición para reformar la justicia.
Avanzan las denuncias contra el macrismo por vaciamiento del crédito del FMI, y este fin de semana Alberto y Sergio Massa definirán el lanzamiento de la comisión bicameral que investigará a jueces y fiscales, aunque con facultades de sanción acotadas.
La idea del Presidente es usar esa comisión como una vidriera con la que el gobierno intentará exhibir ante la opinión pública a los jueces que no actúen conforme a las normas, reglas y demanda social. Los casos de femicidios serán puestos como ejemplo.
La comisión creará propuestas de reglamentos y mecanismos para que se cumplan políticas de género en el sistema y proceso judicial.
La estrategia económica
Por otro lado, el Presidente sigue convocando al diálogo a sectores económicos y sociales para intentar contener la inflación en aumento; preocupa la erosión de los salarios. Mientras, sus ministros intentan mostrar optimismo a partir de los números del INDEC que hablan de un crecimiento sostenido de la actividad económica industrial y de la construcción y el empleo, en los últimos 6 meses.
¿Qué piensa Guzmán de las causas judiciales del dólar futuro y de la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por irregularidades en el endeudamiento con el FMI?
El ministro de Economía cree que las denuncias no afectarán las negociaciones que encarará en Washington a reunirse con el Fondo y la titular del Tesoro de los EE.UU.
En la Casa Rosada esperan la llegada de fondos frescos del FMI en abril, según el anuncio efectuado esta semana por la titular del organismo Kristalina Georgieva.
El FMI aprobó el desembolso de fondos extras para todos los países miembro, bajo la figura de Derechos Especiales de Giro (DEG) destinados a financiar parte de la crisis por la pandemia.
Según confiaron fuentes oficiales a A24.com, a la Argentina le corresponden unos 3500 millones de dólares, que serían recibidos para ampliar las reservas del Banco Central entre los meses de abril y mayo.
Pero el acuerdo con el Fondo sigue empantanado y el gabinete económico sigue reuniendo las mesas de precios y salarios sector por sector.
Controles de precios en las cadenas de valor y de abastecimiento por sectores, para frenar la inflación, pisar el precio del dólar en $95, bajar el gasto fiscal en subsidios con un nuevo sistema de transición de aumento de tarifas de servicios públicos, paritarias en discusión alrededor del 30%, y controles en abastecimiento de insumos para la sustitución de importaciones, muestran que el Gobierno está concentrado en descubrir dónde está el cuello de botella, pero vuelve a las mismas recetas del pasado.
Esta semana celebraron en la Rosada el aumento de la actividad industrial y de la construcción en los últimos 6 meses, pero ante la imposibilidad de frenar la inflación, apelan a los métodos de pisar las variables.
Los acuerdos de precios y salarios con techos de aumentos en el 29% -la inflación planificada por Guzmán para 2021- funcionan como mesas para comprometer a los empresarios a garantizar abastecimiento de insumos y productos de consumo masivo.
El mensaje a los empresarios que no cumplan fue: serán sancionados con multas y clausuras en el marco de la ley de abastecimiento. La norma ya fue aplicada en enero de este año a una decena de empresas alimenticias con millonarias multas -a modo de ejemplo- por la faltante de productos en las góndolas de supermercados.
Los controles los llevan adelante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con la secretaria de Comercio, Paula Español como ejecutora y el apoyo de gremios y militantes de organizaciones sociales. Desde la Casa Rosada esta semana volvieron a advertir: que la volverán a aplicarla en caso de ser necesario.
El Banco Central mantenía pisado el valor del dólar oficial en $95 -provocó una abrupta baja del blue- mientras la Vicepresidenta despotricaba por televisión contra la devaluación de 2018 de Macri.
Cristina Kirchner apoyó así la estrategia de Alberto de no devaluar y denunció presiones de “poderes económicos permanentes” para que el actual Presidente -como le pasó a ella en 2013, cuando endureció el cepo al dólar- devalúe el dólar a $200, crisis que ella misma dio ahora por terminada.
Guzmán ratificó la misma estrategia: el valor del dólar en 2021 se apreciará como mucho el 25% y el objetivo es hacer crecer la producción nacional y el consumo interno, todo en base a que los salarios le ganen a la inflación.
Está escrito en el Presupuesto aprobado por el Congreso, y lo difícil será cumplir en la práctica. Para eso, todo el equipo económico mantiene sus reuniones semanales en la Rosada para hacer un seguimiento y definir políticas para “pisar” las variables macroeconómicas.
Se trata de la estrategia del “aguante” para capear la crisis económica en un año electoral.
Por eso ahora le agregó las reuniones de las mesas sectoriales con empresarios y gremios, en las que el equipo económico se mete directamente en los costos de producción y de productividad de las empresas de cada rama, con el objetivo de descubrir quién aumenta los precios en forma injustificada a lo largo de la cadena.
Así salieron las advertencias esta semana al “estilo Moreno”, de aplicar la ley de abastecimiento y sanciones a empresas que no cumplan con abastecer los productos básicos y que aumenten sus precios de forma desproporcionada.
Las mesas de «alimentos» y de «la construcción» fueron las primeras. Y los propios empresarios salieron a admitir que el problema radica en la provisión de insumos: en el sector alimenticio le echaron la culpa a los aumentos desmedidos en insumos del agro y en envases de plástico y vidrio. En construcción sucedió algo parecido.
En esa estrategia dual, de echar las culpas a otros, y convocar al diálogo a sectores productivos, pero sin la oposición, el Gobierno volvió a poner en vidriera el Consejo Económico y Social, con la participación de unos 30 representantes de empresas, gremios, organizaciones sociales e iglesias, que el viernes se juntaron por primera vez para pensar políticas económicas y sociales a 30 años.
El problema, admiten en el gobierno, es el corto plazo. Y la historia del péndulo argentino que cada década se vuelve a repetir. Crisis de endeudamiento, presiones devaluatorias, fuga de capitales, desabastecimiento, inflación, caida económica…. El problema es que todos se echan las culpas: peronistas, radicales, macristas, cada gobierno que llega -sea de tinte neoliberal, peronista, populista o socialdemócrata- culpa a su antecesor, pero nadie encontró aún -después de casi 40 años de democracia ininterrumpida- una solución al «problema argentino».
La discusión la volvió a disparar esta semana Cristina Kirchner y salieron a responderle ex funcionarios de Macri.
Así, por primera vez después de un año, la crisis económica se pone al frente de las preocupaciones sociales, y la pandemia parece pasar a un segundo plano, con el regreso a clases y de casi la totalidad de las actividades económicas y sociales, bajo supuestos protocolos que pocos controlan en la calle y en lugares públicos.
