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El crecimiento sostenido de precios implica un aumento del valor de la canasta básica y por consiguiente una pérdida del poder adquisitivo de los/as argentinos/as. Esta situación afecta principalmente a la población en mayor situación de vulnerabilidad en nuestro país. Ya no se aguanta más que los sectores más golpeados por la pandemia tengan que seguir siendo perjudicados a costa de la maximización de las ganancias de los grupos económicos formadores de precios.
Una de las enseñanzas que nos ha dejado el 2020 es que quien te cuida es el Estado y no el mercado. Bajo ese espíritu, días después de asumir el gobierno, Alberto Fernández anunció el Plan Argentina Contra el Hambre, dando inicio a una enorme estrategia de asistencia alimentaria para quienes menos tienen. El aumento del presupuesto destinado a ejecutar políticas públicas que contribuyan a garantizar la cobertura alimentaria, promover la producción, distribución y comercialización por parte de pequeños productores y mejorar la calidad nutricional fue de un 450.98%. También, en continuidad con la implementación del programa “Precios Cuidados” creado en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en marzo del 2020 el Gobierno Nacional anunció una política de precios máximos para contener los precios de productos esenciales.
Este mes, en el marco del consejo federal de Argentina Contra el Hambre, el presidente anunció un presupuesto extraordinario de 120 mil millones de pesos con el objetivo de seguir fortaleciendo las prestaciones alimentarias de los sectores de mayor vulnerabilidad social. Medida fundamental para abonar a la reactivación económica transfiriendo de forma directa ingresos a los sectores golpeados fuertemente por la pandemia. En este mismo sentido también es importante recuperar la Ley de Góndolas sancionada en la Cámara de Senadores el 28 de febrero del 2020, la cual comenzó a regir el sábado pasado. A los hipermercados de más de 800 metros les tocó hacer su parte ubicando a los productos de menor precio en el medio de la góndola, señalándolos con su marca y su precio más bajo por unidad. Quiero destacar que dicha Ley busca también incluir a la economía popular y agricultura familiar en el mercado, promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.
En contraposición, durante el corriente año se identificó una reducción de la producción y distribución de alimentos por parte de las empresas. Esto implicó que alimentos de consumo masivo y de bajo costo no se encuentren en las góndolas de muchos centros de comercio. En ese sentido, desde el Estado Nacional se avanzó en imputaciones para que se restablezcan los productos y se abastezcan los locales de venta con alimentos más accesibles. Algunas de las empresas imputadas fueron Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se eliminaron las retenciones a las exportaciones con el fin de evitar que los precios del mercado local aumenten como consecuencia de la demanda global. Tal como indica el informe del Centro de Economía Política Argentina (2021), desde 2017 la demanda de carne vacuna comenzó a aumentar, convirtiéndola en un bien de alto precio tanto para el mercado externo como interno. A su vez, en el mismo informe se indica que durante la segunda mitad del año 2020, ante la apertura comercial y un escenario marcado por el inicio de la reactivación económica, los grupos formadores de precios iniciaron un proceso acelerado de suba de precios de la carne. Esto se profundizó con subas de hasta el 20% en el mes de diciembre del año 2020 durante la celebración de las fiestas. Se vuelve fundamental la medida tomada por el presidente respecto de cerrar las exportaciones de carne durante 30 días con el fin de frenar la especulación y detener el aumento acelerado de los precios.
El problema central es que mientras el Estado aumenta el presupuesto en materia alimentaria generando herramientas para subsidiar el precio de los alimentos y evitar una degradación del poder adquisitivo de los/as argentinos/as, los formadores de precios no hacen más que maximizar sus ganancias aumentando de manera sostenida el valor de los alimentos, apropiándose de los recursos estatales especulando con los/as que menos tienen. Vivimos una situación extraordinaria a nivel internacional, que puso en evidencia que la única forma de enfrentar las graves consecuencias que provoca la pandemia es con el esfuerzo de todos/as: con un Estado presente y particularmente con el esfuerzo de los que más riquezas acumulan. La sanción del Impuesto a las Grandes Fortunas en nuestro país en 2020 fue un gran paso en ese sentido.
Ahora bien, parece pertinente aclarar que la decisión del Estado de invertir en prestaciones alimentarias y en políticas de transferencias de ingresos está guiada por el horizonte de poder recuperar el poder adquisitivo de los/as argentinos/as a partir de la reactivación económica y el fortalecimiento del mercado interno. Esta orientación también se ve reflejada en el proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, sancionado en la Cámara de Senadores el 8 de abril del corriente año. La misma benefició a más de 1.200.000 jubilados/as y trabajadores/as y subió el piso del impuesto a las ganancias a $150.000, implicando que el 93% de los/as asalariados/as se vean exentos/as de pagar el impuesto a las Ganancias.
A su vez, el proyecto que significó un aporte en este sentido es el de la ley de disminución de las tarifas de gas para las zonas frías presentado por Máximo Kirchner el 16 de mayo. Como ya es sabido, en 2018 el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de una fuerte suba de precios de los alimentos y de la energía eléctrica, aplicó un tarifazo brutal provocando una fuerte regresión del poder adquisitivo de los/as argentinos/as y la maximización de las ganancias para las grandes empresas. El proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner propone extender un descuento existente para el consumo de gas de familias de la Patagonia y la Puna, beneficiando a los/as que más consumen gas en nuestro país por cuestiones climáticas. Se busca así dar respuesta a una demanda histórica, extendiendo la disminución del 30% y 50% de las tarifas de gas a más de 3 millones de familias de distintas localidades de cinco provincias: Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y la Provincia de Buenos Aires.
La construcción de un Estado que se enmarca en un proyecto de país que incluye y dignifica para mejorar la calidad de vida de la gente, requiere necesariamente profundizar el camino de la alineación de los precios, de las tarifas y de los ingresos. El debate en agenda no es más que el desarrollo de la puja distributiva y la redistribución del ingreso. Queda más que claro que el Estado ya hace su parte y que ahora les toca a las grandes empresas que controlan el mercado y determinan los precios.
Llegó el momento de que los formadores de precios dejen de especular y hagan su parte para promover el acceso de los argentinos y las argentinas a los alimentos, y en particular para que los sectores de mayor vulnerabilidad social, recuperen su poder adquisitivo, y con él, su dignidad. De la crisis se sale entre todos/as.
(*) Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
