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La mayor cadena de electrodomésticos del país profundiza su crisis financiera y se reducen las chances para un inminente cambio de dueño.
Con una importante deuda que se sigue acumulando, problemas con los gremios por atrasos en los pagos al personal, y la demora en cerrar un cambio de propietario, el futuro de Garbarino parece encaminarse hacia una resolución judicial mediante un proceso concursal.
Por lo menos así surge de analizar la situación actual de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina que, solamente en cheques rechazados, acumula un pasivo cercano a los $2.500 millones, que se suman a un conflicto con la Federación Argentina de Empleados de Comercio por supuestos incumplimientos en abonar sueldos y otros aportes a sus 4.400 empleados.
Carlos Rosales, actual dueño de Garbarino, venía sosteniendo conversaciones con un grupo empresario para vender el grupo empresario y, de ese modo, intentar acomodar los números y la situación financiera de la compañía.
En ese marco en los últimos días recibió una oferta concreta de parte de Facundo Prado, dueño de Supercanal, que habría sido rechazada, sumando más incertidumbre al futuro de la cadena que, a partir de esta situación, parece obligar a sus ejecutivos a tener que solicitar en la justicia la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
El objetivo sería acceder al paraguas judicial para hacer frente a sus deudas a partir de un proceso de reestructuración que impida que la compañía termine en la quiebra.
A principios de mayo pasado, Prado, quien también es dueño de la cadena de TV por cable Supercanal y CEO del fondo CarVal, llevó a cabo una especie de due diligence sobre los balances y las operaciones de Garbarino para acercarle a Rosales una propuesta de compra del 100% del capital social.
El objetivo del empresario era apuntalar su desembarco en sociedad con el fondo inversor para tomar también el control de las otras firmas del grupo empresario como son la tecnológica Compumundo; la cadena de celulares Tecnosur; la fábrica de electrónica Digital Fueguina; Garbarino Viajes y la Financiera Fiden (que emite las tarjetas de crédito de Garbarino y Compumundo).
A principios de mayo pasado, Prado, quien también es dueño de la cadena de TV por cable Supercanal y CEO del fondo CarVal, llevó a cabo una especie de due diligence sobre los balances y las operaciones de Garbarino para acercarle a Rosales una propuesta de compra del 100% del capital social.
El objetivo del empresario era apuntalar su desembarco en sociedad con el fondo inversor para tomar también el control de las otras firmas del grupo empresario como son la tecnológica Compumundo; la cadena de celulares Tecnosur; la fábrica de electrónica Digital Fueguina; Garbarino Viajes y la Financiera Fiden (que emite las tarjetas de crédito de Garbarino y Compumundo).
En la actualidad, Garbarino suma millonarias deudas con compañías financieras que le han venido cediendo fondos para que la empresa pueda mantenerse a flote que tampoco ha cancelado.
Es que, si bien llegó a un acuerdo con los bancos para reestructurar una deuda de $5.000 millones, y con los acreedores para pagar otros $7.000 millones, continuó pidiendo dinero a financieras y mutuales por un monto global de $1.200 millones.
Una caso es el de Credibel, que fue la primera en presentarse ante la justicia con dos pedidos de quiebra, uno contra Garbarino y el otro contra Rosales, en ambos casos por la suma de $50 millones.
El pedido quedó radicado en el Juzgado Comercial 14, Secretaría Nº 27 bajo la caráturla «Garbarino S.A.I.C. E I. Le pide la Quiebra Credibel S.A», a cargo de Pablo Frix.
Pero no sería la única financiera que buscaría cobrar por medio de presentaciones judiciales debido a la falta de respuesta de la compañía a los reclamos de pago.
De hecho, en la web del Banco Central el listado de acreedores de Garbarino lo encabeza Cooperativa Frincredit, con $130 millones; seguida por Finares, con $128,6 millones. En tercer lugar se encuentra el Banco Nación, con $80 millones, al que le siguen GS Negocios, con $76 millones; Libertador Factoring, $57 millones y el HSBC, $54 millones. También se encuentran CVCC Concepción, $40 millones; Victo Inversiones, $16 millones; Crediserv, $10 millones; American Express, $8 millones, entre otros acreedores.
En el mercado entienden que la quiebra de Garbarino no sería conveniente para ninguno de los involucrados, en especial a sus propios acreedores que en su mayoría son las empresas proveedoras de los artículos que la cadena ofrece y que cada día que pasa son menos por el rechazo de las empresas a seguir abasteciendo a la cadena mercadería, ni siquiera en consignación.
Las fuentes estiman que el giro de fondos necesario para poner en marcha Garbarino nuevamente rondaría los $4.000 millones, dinero que le permitiría rearmar su capital de trabajo y volverla nuevamente operativa.
A esto le debería agregar otra suma parecida en avales para convencer a los proveedores de que abastezcan la cadena nuevamente.
Fondos que Rosales no tendría disponibles actualmente y que, si las negociaciones con Prado fracasan, lo llevarían a optar por el proceso concursal.
Plan en suspenso
Rosales, quien también es propietario del grupo asegurador Prof y, a la vez, pro tesorero de San Lorenzo de Almagro, desembarcó en Garbarino en junio del año pasado, en plena pandemia del Covid-19 y después de haber sellado un acuerdo con la familia fundadora de la cadena.
En ese momento, prometió hacerse cargo de la profunda crisis financiera que sufría la empresa desde el 2018, cuando comenzaron sus problemas producto de la recesión de la economía y de la fuerte caída del consumo de electrodomésticos.
Cuando asumió el control, Rosales pudo reestructurar la deuda que la cadena tenía con un grupo de bancos liderados por el Santander y el Galicia, que buscaban cobrar $5.000 millones.
También mantuvo negociaciones para resolver el reclamo de los proveedores locales y extranjeros de la empresa a los que se les adeudaban otros $7.000 millones.
Además, comenzó a desarrollar una nueva estrategia comercial basada en un mayor uso de las herramientas tecnológicas y el comercio electrónico.
Su plan de negocios se basaba en transformar las 200 sucursales de Garbarino en tiendas online con punto de entrega para convertirlas en un canal virutal que permita a los proveedores potenciar sus marcas de la mano de ofertas, promociones y planes de cuotas dirigidos a los consumidores.
También esperaba lanzar su propia billetera virtual o asociarse a varias de las que ya operan; impulsar el eCommerce y cerrar acuerdos con empresas de delivery para que los clientes puedan comprar mayormente de manera remota.
Sin embargo, la realidad fue otra, muy diferente a la imaginada. La empresa siguió sufriendo por las restricciones económicas impuestas por las medidas sanitarias para combatir la pandemia y por la recesión que derrumbó las ventas de productos electrónicos. A esto se sumaron las medidas del Gobierno que imponen restricciones a las importaciones de ciertos productos y componentes que Garbarino necesita para comercializar y para su planta de Tierra del Fuego.
Tampoco logró reducir sus costos fijos para transformar su estructura en cuanto a cantidad de empleados y locales a un escenario como el que le toca atravesar.
Pudo suspender algunos empleados en el interior y cerrar de manera temporal algunas sucursales en el interior, luego de que el gobierno nacional decidió eliminar la ayuda oficial en el pago de la mitad de los sueldos mediante los llamados ATP que recibían sus empleados.
A partir de esta acción, el gremio mercantil se encuentra alerta y a la espera de recibir alguna notificación por parte del Ministerio de Trabajo de Nación o bien por parte de la firma para buscar acuerdos para que el conflicto no se agrave.
