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El Gobierno promulgó este martes la ley de Góndolas y sumó esa normativa al paquete de instrumentos con los que espera contener el aumento de precios y el abastecimiento en supermercados.
Así lo hizo al publicar hoy el decreto 268/2020 en el Boletín Oficial, que puso en vigencia la normativa sancionada el 28 de febrero último.
Esta legislación «tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores».
También, «mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado».
Para ello propone ampliar la oferta de productos artesanales y regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y proteger su actuación.
También postula fomentar a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, y los productos generados a partir de cooperativas y asociaciones mutuales.
Esta ley será aplicable exclusivamente respecto de la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.
Las empresas grandes de consumo masivo y los supermercados resistieron la normativa y advirtieron que la reglamentación deberá ser muy precisa para evitar el desabastecimiento. Por un lado, las pymes reclaman tener más espacio en las góndolas de los supermercados. Por otro, los supermercados piden que las firmas chicas garanticen la entrega de productos para poder cumplir con la normativa.
La autoridad de aplicación deberá, en el lapso de 90 días de promulgada la presente ley, confeccionar un listado de las distintas categorías de productos alcanzados, y arbitrará los medios para su publicidad a la población en general.
La normativa estableció que queda prohibido generar una exclusión anticompetitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o sitios preferenciales en ellos.
Precisó que en especial será considerada una exclusión anticompetitiva el pago de cánones o comisiones impuestas, que por sus características o magnitud obliguen al proveedor a optar por un solo canal de distribución.
En góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características.
La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
Asimismo, deberá garantizarse un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipymes o en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y producidos por cooperativas y asociaciones mutuales.
Además, se dispondrá de un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
En góndolas los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante.
En locaciones virtuales, deberá garantizarse que los productos de menor precio conforme la unidad de medida se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por mipynmes o producidos por cooperativas y asociaciones mutuales.
El plazo máximo de pagos a mipymes nacionales no podrá superar los 60 días corridos, y los proveedores podrán aplicar intereses utilizando la Tasa Activa del Banco Nación en caso de pagos realizados fuera de término, siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas para el incumplimiento.
La promulgación de la ley -que falta reglamentar- llega en momentos en que el Gobierno busca asegurar el abastecimiento y evitar subas de precios desmedidas, de cara a la pandemia de coronavirus.
El sábado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió que el Gobierno podría usar la ley de abastecimiento y el Código Penal si los inspectores de la Secretaría de Comercio detectan irregularidades en supermercados y autoservicios.
El lunes, como publicó TN.com.ar, la secretaria de Comercio, Paula Español, se reunió con fábricas alimenticas nucleadas en Copal. La reunión, pautada inicialmente como un seguimiento de Precios Cuidados, se convirtió en una especie de «sala de situación» para dar un seguimiento a capacidades de producción y de abastecimiento a supermercados. «No queremos que pase lo que ocurrió con el alcohol en gel», advirtió la funcionaria. La cartera productiva obligó los fabricantes de ese producto a retrotraer precios y a aumentar niveles de producción.
