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Comercio y Restauración de Centros Comerciales han denunciado este jueves el trato discriminatorio que sufren por parte del Govern ante la ONU. El cierre de establecimientos acumulado de seis meses esta amenazando la subsistencia de cientos de empresas y miles de puestos de Trabajo. Sonia Plaza, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Centros Comerciales , ha reclamado la equiparación de aperturas de ese tipo de establecimientos que existen a pie de calle ante la inexistencia de razones sanitarias que justifiquen el cierre.
La asociación estudia interponer demandas contra el Gobierno y el Ejecutivo de Madrid por las consecuencias económicas causadas por el cierre. Los centros comerciales, opina Plaza, «han sido discriminados por el formato comercial más que por razones sanitarias justificadas». Reclaman por ello abrir de lunes a viernes a partir del 1 de marzo, como cualquier otro establecimiento. La composición de este colectivo es un 85% pequeñas y medianas empresas que están en situación dramática tras meses de cierre y gastos fijos elevados. La mayoría de los gestores de centros comerciales han sido reacios a suprimir o recortar los alquileres. La asociación calcula que unos 70.000 puestos de trabajo están en peligro.
Incumplimiento de la normativa
Los centros comerciales aseguran que mantienen medidas sanitarias adecuadas a la situación actual y que en cualquier caso las medidas de cierre están favoreciendo especialmente a Amazon, Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés, que siguen abiertos y venden productos de todo tipo pese a la prohibición expresa para ello. Se da la circunstancia de que comercios de más de 400 metros cuadrados acordonan zonas de venta pero en la práctica no han eliminado la posibilidad de que los clientes accedan a la tienda y compren cualquier producto. Plaza criticó, por ejemplo, que Carrefour vende productos de todos los departamentos, no solo de los esenciales como si se hizo en el primer semestre del año pasado.
La plataforma #Comerciants_Discriminats, que agrupa a más de un millar de tiendas y restaurantes estudia actualmente judicializar el conflicto por lo que consideran una clara discriminación. Para Roger Palafolls, director del Gremio de Restauración de Barcelona, el Govern está aplicando una «táctica deshumanizada» que amenaza con llevar a miles de familias a una situación de desamparo. «No es posible que el coste de la pandemia recaiga sobre las espaldas de las pequeñas y medianas empresas», ha dicho tras criticar la situación de «intolerable trato discriminatorio» por parte de un Govern «inexistente» que ha aplicado una «política nefasta» en una muestra de «falta de respeto a la dignidad de las familias».
Para Ramón González, secretario de acción sindical del área de Servicios de CCOO, «es necesario un plan de contingencia más a largo plazo que tenga en cuenta el impacto de la pérdida de turistas para el sector comercial, que amenaza con un riesgo de empobrecimiento del sector en su conjunto».
«Nos sentimos expropiados», reconoce Plaza, por un cierre de seis meses en un año con gastos de funcionamiento que se han reducido muy poco y que la asociación calcula en una media de 90.000 euros anuales por empresa. Recuerda que los empleados de centros comerciales equivalen a cinco plantillas de Seat.
