Chile: Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) es acusada de estafa

En cuatro carillas, Álvaro Castro Robles (50), ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA, empresa dedicada a la venta de insumos farmacéuticos, entregó su testimonio a la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, el 20 de abril, en calidad de víctima de una presunta estafa de la que acusa al presidente del directorio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Esto, tras asegurar que le deben $ 956 millones por productos para enfrentar la pandemia que comercializó con el jefe comunal y afirma que es “el único cliente de toda nuestra cartera que no cumplió con los pagos”.

Su declaración la dio al Ministerio Público, luego de que el 5 de marzo pasado presentara una querella por los mismos hechos ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Según su testimonio, su empresa es importadora de productos de China y vendió una serie de cajas de mascarillas, guantes y termómetros a la Achifarp a mediados del año pasado y aún no recibe los pagos comprometidos.

Detalló a la fiscal que su empresa Best Quality Products SpA se dedicó entre 2014 y 2019 a realizar importaciones de insumos para la construcción y de consumo masivo. “Cuando se inicia 2020 y se origina el brote de Covid-19, tuve la oportunidad de iniciar el giro de insumos médicos debido a la escasez en China de tales insumos”, dijo Castro. Así, indicó que en marzo de 2020 se produjo una mayor demanda de insumos (mascarillas, termómetros, guantes y otros) “y empezamos a contactar a potenciales clientes (…), logrando un acuerdo de distribución de mascarillas en las clínicas de Red Salud de todo Chile”.

Señaló que, en paralelo, empezaron a ofrecer los productos a otros clientes de distintos rubros: “Entre nuestros clientes se encuentran: Prosegur, Inmobiliaria Almagro, SK Comercial, Municipalidad de Buin, Municipalidad de Lo Espejo, Terminal Pesquero Metropolitano, Clínica Diagnóstico San Vicente de Paul, Transportes Chevalier, entre otros. La situación pandémica nos abrió la posibilidad para comercializar nuestros productos de forma directa con nuevos clientes en el norte de Chile, suministrando tanto a empresas eléctricas como a divisiones del Ejército de Chile en Antofagasta y otros”.

Relató que el negocio iba perfecto hasta que empezaron los problemas con la Achifarp. Explicó que el vínculo con ellos comenzó a mediados de junio de 2020, cuando iniciaron conversaciones con Matías Muñoz para vender en la Municipalidad de Recoleta. “Lo conocí a través de un representante de venta que prestaba servicios a mi empresa, don César Ramírez, quien fue el que tuvo el contacto con Muñoz y me informó que, además, se reunió con Jadue para explicarle cuáles eran nuestros productos. De ahí se emitió una orden de compra por la Municipalidad de Recoleta por $ 400 mil”, declaró Castro.

De acuerdo al empresario, a finales de julio se realiza la primera de una seguidilla de cuatro reuniones entre Daniel Jadue y su vendedor, César Ramírez, instancia donde “nos auspiciaban un próspero futuro junto a las Farmacias Populares y luego junto a los Supermercados Populares”. Dijo que no participó de esas reuniones y que fue informado sobre ellas a través de Ramírez. Indicó que al final la propuesta se concretó, señalando que se harían las adquisiciones a través de la asociación, porque era más eficiente por el poder de compra que tendría.

Detalló que el 1 de julio de 2020 se hizo la primera venta por $ 157 millones y la mercadería se entregó el mismo día. Sin embargo, declaró que “luego Ramírez me indica que Daniel Jadue nos había solicitado no cobrarlo, ya que no habría fondos en ese momento y que solo operara como garantía”. De esta forma, dijo que el gerente de la Achifarp, Daniel Moraga, les pidió cambiar las condiciones del acuerdo.

Al final de su declaración, el empresario señaló que “actualmente el único cliente de toda nuestra cartera que no cumplió con los pagos es Achifarp, quien tras más de nueve meses desde que iniciamos relación comercial, tan solo ha pagado directamente la suma de $190 millones (a través de 40 transferencias bancarias), dejando un saldo restante de
$ 956 millones, sin contar los tres factoring y los demás perjuicios por morosidad y no pagos de IVA y multas venideras al Servicio de Impuestos Internos”.

El alcalde de Recoleta designó como abogado al penalista Ramón Sepúlveda, quien señaló que “la querella no tiene ningún fundamento, se trata de una situación comercial respecto de un proveedor que ha querido lucrar en exceso con la pandemia, donde además de esta acción penal existe una causa civil que es donde se deben ventilar estos asuntos”.

Aseguró que “además de esto, en la propia declaración el querellante reconoce no haber tenido nunca contacto con Daniel Jadue, lo que deja en evidencia que la querella se presenta en contra del alcalde de Recoleta solo por una cuestión mediática. Por nuestra parte, estamos aportando todos los antecedentes a la fiscalía y esperamos pronto poder solicitar el sobreseimiento, ya que no existe ningún elemento que permita configurar los delitos que el empresario señala en su acción”.