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Los supermercados recibieron con una combinación de resignación y preocupación el anuncio que hizo el Gobierno nacional de que les delegará a los municipios los controles de precios a los alimentos, incluyendo la posibilidad de sancionar a los comercios que incurran en aumentos.
La resignación es por lo que consideran como u na muestra más de la política de salir a cazar dentro del zoológico, es decir controlar los precios de los únicos comercios que son fáciles de controlar : las grandes cadenas de supermercados. Y la preocupación se explica porque temen que los nuevos controles pueden perder rápidamente su objetivo formal de evitar los aumentos de precios y convertirse en una fuente de recaudación para las golpeadas arcas de los municipios y de las provincias.
Más allá de no compartir el espíritu de los controles de precios, las grandes cadenas de supermercados destacan la tarea que hasta ahora tuvo la Secretaría de Comercio que lidera Paula Español a la hora de frenar los aumentos en las góndolas. Puntualmente, elogian el trabajo de Laura Goldberg, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, que es la funcionaria a la que le deben reportar cualquier intento de un fabricante para colar una nueva lista de precios con aumentos.
«Los proveedores vienen tranquilo pero cuando uno se pone nervioso, Laura Goldberg lo tranquiliza», ironiza un supermercadista.
Desde la implementación de la nueva lista de precios máximos para 2300 artículos de la canasta básica (alimentos, bebidas, tocador y limpieza) a nivel nacional se concretaron más de 2000 operativos que derivan en la clausura de 50 comercios. «En los operativos se registran distorsiones pero en general se corrigen en el momento. Además se visita nuevamente al comercio y en el caso de no respetar los precios máximos se labran actas o se puede llegar a la clausura preventiva, hasta que el comercio presente la documentación requerida», explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio.
En los supermercados ahora temen que la multiplicación de controles se traduzca en niveles mayores de arbitrariedad a la hora de hacer las inspecciones. » Lo que vemos es una superposición de controles y un margen de arbitrariedad notable. Nosotros retrotrajimos los precios al 6 de marzo y por eso cada local cuenta con un listado como declaración jurada, pero lo que ocurre es que muchas municipalidades no conocen o dicen no conocer la norma y van con el listado que les parece», explicó una fuente del sector.
El otro temor que tienen los supermercados es que la nueva disposición que le otorga más poder a los inspectores municipales derive en la multiplicación de las multas con un fin recaudatorio. » Lo que le pasó a Coto en La Matanza el fin de semana pasado le puede pasar a cualquier cadena», explican en una empresa competidora. «En nuestro caso en menos de una semana tuvimos 120 inspecciones, de las cuales la mitad estuvieron a cargo de funcionarios locales, de secretarías y direcciones municipales y provinciales. Y por experiencia sabemos que cuando las recaudaciones de las provincias y los municipios caen se multiplican las multas por cualquier causa para hacer caja», señalaron en un supermercado.
Las cadenas que operan a nivel nacional además temen convertirse en el blanco predilecto de los inspectores municipales. «Siempre es lo mismo, a nosotros nos exigen todo. Las cadenas nacionales no votamos al intendente, y los comerciantes locales, sí, así que los controles nunca son parejos «, se lamenta en una cadena con presencia nacional.
Por: Alfredo Sainz ADEMÁS 
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Fuente de la noticia (La Nacion)
