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La resiliencia del sector empresarial está cada vez más en entredicho según se prolonga la crisis del coronavirus y hay nuevas olas de contagio que no dejan ver su final. Y eso que hay una primera paradoja a lo largo de Europa que se hace más notable en España: el número de concursos cayó en picado en 2020. Un resultado artificial que muestra que las ayudas favorecen a empresas viables y a las inviables, y que no disipa la amenaza de quiebras masivas.
Los informes empiezan a apuntar directamente a la solvencia futura de las empresas por distintas vías, como el déficit de capital, la restricción del crédito, el retraso eterno en el pago a los proveedores de administraciones públicas y grandes compañías o la depresión en los niveles de ventas de los sectores más golpeados, como turismo y aerolíneas.
Óscar Giménez
Los frentes con los que tendrán que lidiar las empresas empiezan a acumularse sin que la financiación con aval público o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), principales medidas desplegadas en España, sean suficientes. Así al menos lo avisa un informe de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) y PwC, que estima un déficit de capital en las empresas europeas de entre 450.000 y 600.000 millones, y señala que el 10% de las empresas tiene efectivo para sobrevivir solo seis meses más.
«Si bien la deuda y el apoyo estatal han supuesto el rescate a corto plazo de empresas de toda Europa, ahora tenemos que ir más allá de la financiación puente a corto plazo y centrarnos en la reparación y recuperación a largo plazo», avisa Adamn Farkas, director ejecutivo de AFME. A escala europea el daño sobre el capital de las empresas por las pérdidas asumidas hasta ahora roza el billón de euros, según AFME y PwC, mientras que en España es de 155.000 millones. Una cifra que no se compensa con los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya que, como dice Farkas, sirven para sobrevivir a corto plazo sin asegurar la solvencia postcovid al elevar la deuda.
El análisis alerta de que las pérdidas seguirán creciendo con las nuevas olas que, pese a que ya se están desplegando las vacunas, retrasan los pronósticos de recuperación. Esta semana, BBVA Research y S&P rebajaron la previsión de crecimiento en 2021, cinco décimas hasta el 5,5%, y 1,7 puntos hasta el 6,5% respectivamente.
En el caso de S&P, las nuevas estimaciones apuntan a una expansión de un 6,4% en 2022, frente al 4,3% anterior. Es decir, se retrasa el inicio de recuperación y se aplana el perfil. De media, la calificadora crediticia explica que, según sus cuentas, hay industrias que ya tuvieron el nivel de ventas de 2019, como el sector de distribución relacionado con alimentación, tecnología o ‘utilities’. Sin embargo, para la mayoría la fotografía es mucho peor.
Ó. Giménez
El pronóstico es que la recuperación de las ventas de 2019, antes del covid, llegue en 2022 para los sectores salud, transportes, ‘real estate’ y ‘gaming’ (relacionado con los videojuegos). En 2023 será el año para gas y petróleo, publicidad, ferias comerciales, comercio electrónico relacionado con viajes, minería, hoteles, ocio fuera de casa y cruceros. Mientras que las aerolíneas tendrán que esperar hasta 2024, según S&P.
De hecho, algunos sectores como medios de comunicación, ‘retail’ u ocio relacionado con viajes tienen más de un cuarto de sus empresas con una calificación de CCC, que S&P otorga cuando considera que la compañía está en calidad crediticia pobre con posibilidad de impagos. En el segmento de ocio relacionado con viajes el porcentaje rebasa el 50%.
Estos datos ponen de manifiesto el golpe vía resultados que sufren las empresas con el covid, pese a que el año pasado hubo un descenso en los concursos. La caída fue superior al 30% en España, solo inferior a la de Francia (40%) entre las economías más importantes de la Unión Europea. Una paradoja que se explica por la financiación masiva que hubo el año pasado y por el cierre de juzgados primero y la lentitud de los procedimientos después.
Pero es un espejismo, según alertan los expertos. Hay empresas inviables que siguen subsistiendo a golpe de deuda y son compañías ‘zombies’. Y otras viables a largo plazo que igualmente tendrán problemas en cuanto termine el plazo de carencia de los créditos con aval público, que se amplió de uno a dos años. Por ello, el ‘lobby’ financiero de AFME reclama instrumentos híbridos para la inyección de capital que permita a las empresas sobrevivir sin endeudarse más. En España ya ha empezado a funcionar el fondo de rescate del Gobierno con 10.000 millones, con algunas operaciones para grandes empresas como Air Europa, Duro Felguera o Tubos Reunidos.
El problema es discernir cuáles son las empresas viables. Por lo pronto, el año pasado se concedió financiación a través de la banca con aval del ICO un total de 944.588 préstamos por valor de 114.647 millones. Pero los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) con tipos al 0%, penalización de las reservas con hasta el 0,5% y liquidez para los bancos a través de los LTRO a tipos de hasta el -1% no son suficientes para que el grifo del crédito siga abierto.
Las entidades financieras ya han avisado que esperan un endurecimiento de los criterios y las condiciones del crédito a empresas y familias durante los próximos tres meses. La trampa de la liquidez que describió Keynes, que alude a la pérdida de eficacia de la política monetaria, cobra más impulso. Primero, por el volumen de depósitos sin invertir de las familias ante la falta de alternativas rentables con riesgo limitado; y segundo, porque la banca empieza a amenazar la transmisión monetaria.
En cualquier caso, la restricción del crédito supone una amenaza extra para las empresas, que han contado con esta vía para sobrellevar la crisis. Algunas han usado préstamos avalados para asegurar el circulante y no cerrar, y otras han elevado sus depósitos pese a que los bancos ya suelen cobrar por ellos. Los depósitos de las empresas españolas alcanzan los 293.700 millones y han marcado récord en esta crisis, según los datos del Banco de España.
Agencias
La prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo supone un balón de oxígeno para las empresas que siguen teniendo problemas de liquidez. Estas dificultades aumentan con el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad, que fija en plazos máximos de 30 días a las administraciones públicas y 60 días a las empresas el periodo de pago. El problema en el segundo caso es que deja abierta la puerta a que ambas partes acuerden un plazo mayor, con lo que entra el poder de negociación entre grandes y pequeñas compañías.
«Las empresas han tenido que pedir créditos por el incumplimiento de una ley, que amenaza la supervivencia de las empresas por falta de liquidez», denuncia Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El último informe del Ministerio de Hacienda, que corresponde al mes de noviembre, apunta a que las comunidades autónomas tienen un promedio de 32,26 días, la Administración Central de 28,65 días y las entidades locales en 66,49 días. De hecho, la plataforma recuerda que hay ayuntamientos pagando a más de 1.000 días.
Asimismo, el problema también se expande en las relaciones entre las empresas. Especialmente entre las compañías más grandes. Así, según estimaciones de PMcM a partir de los informes tras el cierre del primer semestre de 2020 (últimos disponibles), las empresas cotizadas pagan a un periodo de 183 días. «Si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos», señala Antoni Cañete, presidente de la asociación.
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La resiliencia del sector empresarial está cada vez más en entredicho según se prolonga la crisis del coronavirus y hay nuevas olas de contagio que no dejan ver su final. Y eso que hay una primera paradoja a lo largo de Europa que se hace más notable en España: el número de concursos cayó en picado en 2020. Un resultado artificial que muestra que las ayudas favorecen a empresas viables y a las inviables, y que no disipa la amenaza de quiebras masivas.
Los informes empiezan a apuntar directamente a la solvencia futura de las empresas por distintas vías, como el déficit de capital, la restricción del crédito, el retraso eterno en el pago a los proveedores de administraciones públicas y grandes compañías o la depresión en los niveles de ventas de los sectores más golpeados, como turismo y aerolíneas.
Óscar Giménez
Los frentes con los que tendrán que lidiar las empresas empiezan a acumularse sin que la financiación con aval público o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), principales medidas desplegadas en España, sean suficientes. Así al menos lo avisa un informe de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) y PwC, que estima un déficit de capital en las empresas europeas de entre 450.000 y 600.000 millones, y señala que el 10% de las empresas tiene efectivo para sobrevivir solo seis meses más.
«Si bien la deuda y el apoyo estatal han supuesto el rescate a corto plazo de empresas de toda Europa, ahora tenemos que ir más allá de la financiación puente a corto plazo y centrarnos en la reparación y recuperación a largo plazo», avisa Adamn Farkas, director ejecutivo de AFME. A escala europea el daño sobre el capital de las empresas por las pérdidas asumidas hasta ahora roza el billón de euros, según AFME y PwC, mientras que en España es de 155.000 millones. Una cifra que no se compensa con los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya que, como dice Farkas, sirven para sobrevivir a corto plazo sin asegurar la solvencia postcovid al elevar la deuda.
El análisis alerta de que las pérdidas seguirán creciendo con las nuevas olas que, pese a que ya se están desplegando las vacunas, retrasan los pronósticos de recuperación. Esta semana, BBVA Research y S&P rebajaron la previsión de crecimiento en 2021, cinco décimas hasta el 5,5%, y 1,7 puntos hasta el 6,5% respectivamente.
En el caso de S&P, las nuevas estimaciones apuntan a una expansión de un 6,4% en 2022, frente al 4,3% anterior. Es decir, se retrasa el inicio de recuperación y se aplana el perfil. De media, la calificadora crediticia explica que, según sus cuentas, hay industrias que ya tuvieron el nivel de ventas de 2019, como el sector de distribución relacionado con alimentación, tecnología o ‘utilities’. Sin embargo, para la mayoría la fotografía es mucho peor.
Ó. Giménez
El pronóstico es que la recuperación de las ventas de 2019, antes del covid, llegue en 2022 para los sectores salud, transportes, ‘real estate’ y ‘gaming’ (relacionado con los videojuegos). En 2023 será el año para gas y petróleo, publicidad, ferias comerciales, comercio electrónico relacionado con viajes, minería, hoteles, ocio fuera de casa y cruceros. Mientras que las aerolíneas tendrán que esperar hasta 2024, según S&P.
De hecho, algunos sectores como medios de comunicación, ‘retail’ u ocio relacionado con viajes tienen más de un cuarto de sus empresas con una calificación de CCC, que S&P otorga cuando considera que la compañía está en calidad crediticia pobre con posibilidad de impagos. En el segmento de ocio relacionado con viajes el porcentaje rebasa el 50%.
Estos datos ponen de manifiesto el golpe vía resultados que sufren las empresas con el covid, pese a que el año pasado hubo un descenso en los concursos. La caída fue superior al 30% en España, solo inferior a la de Francia (40%) entre las economías más importantes de la Unión Europea. Una paradoja que se explica por la financiación masiva que hubo el año pasado y por el cierre de juzgados primero y la lentitud de los procedimientos después.
Pero es un espejismo, según alertan los expertos. Hay empresas inviables que siguen subsistiendo a golpe de deuda y son compañías ‘zombies’. Y otras viables a largo plazo que igualmente tendrán problemas en cuanto termine el plazo de carencia de los créditos con aval público, que se amplió de uno a dos años. Por ello, el ‘lobby’ financiero de AFME reclama instrumentos híbridos para la inyección de capital que permita a las empresas sobrevivir sin endeudarse más. En España ya ha empezado a funcionar el fondo de rescate del Gobierno con 10.000 millones, con algunas operaciones para grandes empresas como Air Europa, Duro Felguera o Tubos Reunidos.
El problema es discernir cuáles son las empresas viables. Por lo pronto, el año pasado se concedió financiación a través de la banca con aval del ICO un total de 944.588 préstamos por valor de 114.647 millones. Pero los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) con tipos al 0%, penalización de las reservas con hasta el 0,5% y liquidez para los bancos a través de los LTRO a tipos de hasta el -1% no son suficientes para que el grifo del crédito siga abierto.
Las entidades financieras ya han avisado que esperan un endurecimiento de los criterios y las condiciones del crédito a empresas y familias durante los próximos tres meses. La trampa de la liquidez que describió Keynes, que alude a la pérdida de eficacia de la política monetaria, cobra más impulso. Primero, por el volumen de depósitos sin invertir de las familias ante la falta de alternativas rentables con riesgo limitado; y segundo, porque la banca empieza a amenazar la transmisión monetaria.
En cualquier caso, la restricción del crédito supone una amenaza extra para las empresas, que han contado con esta vía para sobrellevar la crisis. Algunas han usado préstamos avalados para asegurar el circulante y no cerrar, y otras han elevado sus depósitos pese a que los bancos ya suelen cobrar por ellos. Los depósitos de las empresas españolas alcanzan los 293.700 millones y han marcado récord en esta crisis, según los datos del Banco de España.
Agencias
La prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo supone un balón de oxígeno para las empresas que siguen teniendo problemas de liquidez. Estas dificultades aumentan con el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad, que fija en plazos máximos de 30 días a las administraciones públicas y 60 días a las empresas el periodo de pago. El problema en el segundo caso es que deja abierta la puerta a que ambas partes acuerden un plazo mayor, con lo que entra el poder de negociación entre grandes y pequeñas compañías.
«Las empresas han tenido que pedir créditos por el incumplimiento de una ley, que amenaza la supervivencia de las empresas por falta de liquidez», denuncia Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El último informe del Ministerio de Hacienda, que corresponde al mes de noviembre, apunta a que las comunidades autónomas tienen un promedio de 32,26 días, la Administración Central de 28,65 días y las entidades locales en 66,49 días. De hecho, la plataforma recuerda que hay ayuntamientos pagando a más de 1.000 días.
Asimismo, el problema también se expande en las relaciones entre las empresas. Especialmente entre las compañías más grandes. Así, según estimaciones de PMcM a partir de los informes tras el cierre del primer semestre de 2020 (últimos disponibles), las empresas cotizadas pagan a un periodo de 183 días. «Si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos», señala Antoni Cañete, presidente de la asociación.
