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La pandemia trajo cambios importantes en diferentes procesos empresariales, destacándose el desarrollo de la tecnología, la logística, el marketing digital y el trabajo en casa. Hay otros aspectos que de forma silenciosa han evolucionado acorde con las nuevas realidades económicas, caracterizadas por su inestabilidad y dificultad para planificar las empresas. Este es el caso de los gastos fijos y variables.
Los primeros son consecuencia de mantener una infraestructura adecuada para producir bienes y/o servicios en un determinado volumen y condiciones de calidad. Y los segundos están atados a los resultados de ingresos reales, como las comisiones por ventas, metas internas de procesos, consumo de servicios públicos, cargos por uso de tarjetas de crédito y débito, etc.
Para el comercio retail, los principales gastos fijos son arrendamientos, nómina, tecnología y los asociados al mantenimiento de la operación de locales comerciales.
Con la pandemia y el cierre del comercio, se revaluó el concepto del valor de los arrendamientos. Estos se fijaban en su mayoría por valores fijos con incrementos anuales. El efecto a largo plazo de esta práctica es que en muchos casos estaban divorciados los valores de los inmuebles con las ventas y rentas que estos eran capaces de generar realmente. Primaba entonces la percepción del valor del local por parte de sus propietarios y se dejaba a la oferta y demanda la fijación de los precios de arriendos.
El cierre obligado de locales y la disminución de la demanda han llevado a conciliar nuevas modalidades de contratos de arrendamiento, en donde se destaca el pago sobre un porcentaje de las ventas, atando así el arriendo (y el avalúo inmobiliario) al desempeño de las ventas que allí se realicen. Los locales valen entonces por su potencial de ventas y no por su valoración subjetiva.
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Sobre los salarios, es evidente que seguirán siendo gastos fijos ya que por su naturaleza deben remunerar de forma justa y constante al empleado. Seguirán vigentes los pagos variables por desempeños superiores en cumplimiento de metas.
Los gastos de operación y manejo de locales han sido revisados a la baja de forma notable, en especial por los centros comerciales, adaptándose a la nueva realidad de ingresos de sus locatarios.
Hay sin embargo unos rubros muy importantes en la cadena del comercio que olvidamos revisar y actualizar: los impuestos. Estos son de carácter nacional y regional, y en general pueden considerarse variables, ya que aplican tarifas en porcentajes según los ingresos y/o utilidades: IVA, renta, retenciones en la fuente, industria y comercio, aranceles, etc.
Pero hay un impuesto municipal divorciado de la realidad del desempeño de los negocios y los inmuebles: el Impuesto Predial. Este se actualiza periódicamente de acuerdo con normas de cada municipio, siempre al alza y atado a un avalúo que en varias ciudades ya superan inclusive el avalúo comercial.
La realidad de 2020 dejó en evidencia ese desfase. Los locales han disminuido su valor comercial de forma considerable y los ingresos allí generados se han desplomado según lo revelan las estadísticas de empresarios, gremios y gobierno. Muchos de ellos han estado o continúan cerrados con incertidumbre sobre su reapertura.
Durante 2021 está situación prevalecerá, y solamente se espera alcanzar los mismos ingresos de 2019 durante el año 2022.
Otro impacto que sufrirán los ingresos en locales comerciales es el creciente comercio electrónico, que desviará parte de las ventas presenciales hacia las virtuales. La omnicanalidad llegó para quedarse.
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Mientras tanto, se están realizando grandes esfuerzos en todos los frentes para mantener con vida las empresas y los empleos: el gobierno con subsidios, los empresarios aportando sus patrimonios ante las pérdidas de este año, los empleados flexibilizando su trabajo y aportando todo su potencial para salir adelante.
Nos preguntamos entonces, ¿cuál será el aporte de los municipios con el impuesto predial para reconstrucción del tejido económico del país y de sus ciudades? ¿Cuál será el de las empresas de servicios públicos con sus tarifas que continúan subiendo a porcentajes superiores a la inflación?
Proponemos que para el año 2021 se otorguen descuentos en el impuesto predial a locales comerciales acorde con la disminución de los ingresos del sector comercial e inmobiliario, un 25% sobre los valores de 2019. Y para los servicios públicos congelar tarifas a valores de 2019 hasta 2022.
Las empresas son la fuente de ingresos más importante para el Estado; con toda su carga de impuestos, tributos y contribuciones son quienes financian su operación e inversión social. Apoyarlas para la conservación y recuperación de empleo es la primera gran cruzada del país durante los próximos años.
Hoy el llamado a los Concejos Municipales y a las empresas de Servicios públicos es a unirse a esta causa, además de una ejecución de presupuestos austeros y eficientes al servicio de sus ciudadanos.
Por la recuperación del empleo formal y el bienestar de los colombianos, todos ponemos.
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