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“No llegamos a un entendimiento con los bonistas sobre qué es sostenible”, admitió ayer ante los gobernadores el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el acto de presentación de la oferta a los acreedores, que esencialmente prevé un recorte de 62% a los intereses que se empezarían a pagar a partir de 2023 y un moderado ajuste de 5,4% sobre el capital.
El resultado de ese desencuentro derivó en una propuesta agresiva, de la que aún faltan conocer detalles técnicos relevantes, que el Gobierno presenta como unilateral. Una oferta a todo o nada, tómalo o déjalo. Al menos, esa la intención del mensaje de los propios dichos del ministro: “La oferta tiene una fecha de cierre, en 20 días” y sugirió que no se aceptará una contrapropuesta. Y también de la puesta en escena, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en la mesa principal como el detalle más destacado. Aun cuando algunos acreedores duden de que efectivamente no exista espacio para negociar mejores condiciones, la presencia de la ex presidenta fue leída como una señal de inflexibilidad.
El dato, de todos modos, no modifica demasiado las cosas. Sostenible o no, las condiciones anunciadas por Guzmán difícilmente logren los niveles de adhesión necesarios para cada serie de los 21 títulos públicos bajo ley extranjera involucrados en la renegociación.
Aun cuando algunos acreedores duden de que efectivamente no exista espacio para negociar mejores condiciones, la presencia de la ex presidenta fue leída como una señal de inflexibilidad
Es que “la sostenibilidad” de la deuda pública, término que el funcionario repite como un mantra desde que asumió, se volvió un concepto inasible e imposible de cuantificar pandemia del coronavirus mediante. Cuánto va a caer el nivel de actividad producto de la cuarentena, qué costo fiscal va a terminar teniendo la crisis este año y el próximo y, sobre todo, qué tamaño tendrá la economía argentina son interrogantes con respuestas completamente inciertas.
“Es imposible establecer hoy eso, la sostenibilidad. El Gobierno ni siquiera ha especificado cuáles van a ser sus políticas económicas en el corto plazo. Por eso los bonistas pidieron retrasar la oferta hasta que se pueda discutir con más claridad”, aseguró a Infobae el representante de un fondo de inversión de Estados Unidos.
Los intereses de los acreedores difieren de acuerdo a las características de cada inversor pero el contexto hace las cuentas más complejas para todos. “Nadie quiere negociar ni tomar decisiones completamente a ciegas”, insistió el acreedor.
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