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Los fabricantes de ropa se plantan ante las marcas. Trece asociaciones de productores de textil y confección han unido fuerzas para reclamar mejores condiciones a los retailers, especialmente en lo que se refiere a los pagos y los tiempos de entrega, según ha adelantado Reuters.
El proyecto, denominado Manufacturers Payment and Delivery Terms, está respaldado por organizaciones de países que copan conjuntamente el 70% de las exportaciones totales de moda.
Al frente de la iniciativa están Star Network y la International Apparel Federation. También participan en el proyecto la asociación de confeccionistas de Bangladesh (Bgmea) y la de productores de punto del mismo país (Bkmea); la de productores de ropa de Camboya (Gmac) y su homólogo birmano (Mgma); las asociaciones de productores de toallas (TMA), íntimo (Phma) y textil (Ptea) de Pakistán; la de fabricantes textiles de Indonesia (API); la de textil y confección de marruecos (Amith), y dos de Turquía: Tcma, de todo el país, e Ihkib, que representa a los productores de Estambul. La lista la completa el China National Textil and Apparel Council (Cntac).
Los fabricantes quieren poner el foco en que se cumplan los contratos
Los participantes han acordado hacer del cumplimiento de los contratos el principal foco de la iniciativa, después de un año marcado por las cancelaciones en masa de pedidos ya producidos por los cierres de tiendas.
En una siguiente fase, las asociaciones quieren construir instrumentos para mejorar la transparencia y asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Entre las medidas previstas, el grupo prevé crear un mínimo de expectativas y elaborar una lista de recomendaciones y buenas prácticas, así como de líneas rojas.
Según un informe elaborado por el Center for Global Worker’s Rights de la Universidad de Pensilvania a partir de una encuesta a proveedores de Asia, África y Latinoamérica, el 56% de los fabricantes tuvo que aceptar el año pasado algunos pedidos por debajo del precio de coste.
Además, tras el estallido de la pandemia la media de plazos de pago se extendió de 43 días a 77 días, mientras que los de entrega se han ajustado. Más de la mitad, un 57% de los proveedores, sostenía el año pasado que si esas prácticas continuaban es “extremadamente probable, o algo probable” que deban echar el cierre.
