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Un año y tres meses después de su implementación, el programa Precios Máximos, el esquema de control que más resistieron los empresarios de consumo masivo, podría terminar esta semana. Para que eso suceda, el Gobierno y compañías del sector afinan los últimos detalles de la nueva canasta básica que tendrá 120 productos con valores congelados por seis meses.
Este martes 8 de junio es la fecha de vencimiento oficial que determinó la Secretaría de Comercio Interior para el programa que comenzó en los primeros días de la pandemia y que implicó dejar fijos los precios de miles de productos de distintos rubros, desde bienes de primera necesidad hasta otros fuera de la canasta básica.
A diferencia de Precios Cuidados, que existe de manera ininterrumpida desde 2012, Precios Máximos no fue un programa consensuado entre el Ejecutivo y el sector. Por eso su derogación apareció en el tope de reclamos de los ejecutivos en las reuniones con funcionarios para discutir sobre precios.
El Gobierno y compañías del sector afinan los últimos detalles de la nueva canasta básica que tendrá 120 productos con valores congelados por seis meses.
La aparición de esta propuesta de una canasta básica con productos de primera necesidad con precios sin cambios durante medio año le dio el puntapié al principio del fin de Precios Máximos. La relación es de tipo condicional: solo desaparecerá uno si el otro nace con las características, alcance y variedad que pretende el Gobierno.
Según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes privadas y oficiales, en las últimas semanas las dos partes avanzaron en prácticamente todos los aspectos del nuevo acuerdo de precios, incluyendo qué productos estarán en las góndolas, la señalización obligatoria con el valor acordado en los envases de cada producto, la duración y presencia en superficies comerciales.
De todas formas, el gran tema a terminar de definir y que será resuelto sobre la hora antes del vencimiento de Precios Máximos es el valor con el que arrancarán los 120 productos incluidos. En diálogo con este medio, desde una de las principales compañías del sector se resignaban a que ninguna actualización de precios -que tuvieron dos reajustes de marzo de 2020- alcanzaría los dos dígitos.
La nueva canasta tendrá alimentos básicos, tanto de primeras como de segundas marcas. Estarán incluidos artículos como fideos, arroz, aceite, lácteos, polenta y yerba, entre otros. Y en el rubro de limpieza, otros como de higiene y cuidado personal, lavandinas o jabones.
El programa nuevo se ofrecerá, tal como lo tiene planificado el Gobierno y busca cerrar con las compañías del sector, en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía, para conseguir una “capilaridad” mayor que Precios Cuidados, el esquema más representativo entre los vigentes para mantener a raya los valores en las góndolas, que está presente en supermercados y que representa el 35% del consumo, según estimaciones oficiales.
El gran tema a terminar de definir y que será resuelto sobre la hora antes del vencimiento de Precios Máximos es el valor con el que arrancarán los 120 productos incluidos.
En la última extensión de Precios Máximos, a mediados de mayo, Comercio Interior eliminó 36 categorías de aceite de oliva y otros aceites, tostadas y grisines, edulcorantes, saborizadores, arroz (excepto largo fino), encurtidos, aceitunas y pickles, harinas leudantes y premezclas, horneables, pastas frescas, milanesas de soja, productos congelados en base a vegetales procesados y suplementos vitamínicos.
También tapas de empanadas y tartas, óleo calcáreo, apósitos y protectores mamarios, amargos, jugos, leche Infantil, queso rallado y queso crema, crema de leche, dulce de leche, manteca y margarina, yogur, postres y flanes, entre otros.
La cuestión sobre el refuerzo de los esquemas de controles y coordinación de precios fue un debate -de varios- que atravesó transversalmente al Frente de Todos a la hora de definir la dirección de la política económica. La aceleración de la inflación desde comienzos de año hizo levantar la voz a una parte de la coalición oficialista, que reclamó endurecer la postura oficial ante las empresas.
Uno de los puntos más críticos en esa tendencia de controles más estrictos fue el cierre de la exportación de la carne por 30 días como represalia por los incrementos en los valores de la carne al consumidor. La medida provocó un conflicto abierto con el sector empresario cárnico y todavía no encontró resolución.
Hace algunos días el Gobierno ya había impulsado un acuerdo con la industria láctea, mediante el cual consiguió que empresas del sector aporten poco más de 27 millones de litros de leche a precios subsidiados, con el fin de intentar mantener precios más bajos en las góndolas.
La aceleración de la inflación desde comienzos de año hizo levantar la voz a una parte de la coalición oficialista, que reclamó endurecer la postura oficial ante las empresas.
La Secretaría de Comercio Interior detalló que con este acuerdo, que ya rige, habrá una ampliación del 45% en la cantidad de productos que integran la canasta de lácteos. En total, se incluyen 97 productos y un total de 702 artículos.
La prevalescencia de este tipo de políticas de controles de precios se da, además, en un contexto en que la inflación acumulada en los primeros meses del año pone en cuestión uno de los elementos decisivos del Presupuesto que diseñó Martín Guzmán: el 29% de suba de precios anual que estableció como referencia.
Con el 4,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 17,6%, lo que implica que en el tramo enero-abril ya se “consumió” el 60% de esa proyección presupuestaria. Según estimaciones privadas, solo con un irreal 1,2% mensual hasta fin de año podría alcanzarse esa cifra.
El Gobierno no se mueve por el momento de esa proyección aunque remarcó recientemente que ese 29% anual tiene bemoles. En particular, que podría tener algún margen de puntos hacia arriba, tal como lo explicitó el informe de Jefatura de Gabinete enviado la semana pasada al Senado.
En ese informe, Santiago Cafiero aseguró que “la proyección de inflación para el año 2021 se mantiene en un 29% según lo estipulado en el Presupuesto 2021 con un intervalo de confianza de 4 puntos porcentuales”. En ese sentido, continuó: “El impacto del aumento de los principales precios internacionales fue mayor en Argentina teniendo en cuenta el proceso de inercia inflacionaria del país, verificándose un aumento superior en alimentos y bebidas y en precios mayoristas”, dijo Cafiero.
Con el 4,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 17,6%, lo que implica que en el tramo enero-abril ya se “consumió” el 60% de esa proyección presupuestaria.
“Luego de varios meses de menor actividad por restricciones debido a cuestiones epidemiológicas, las actividades de servicios relacionadas con el turismo y la recreación registraron una aceleración de la inflación. Asimismo, también impactó el reacomodamiento de precios regulados en el marco de un proceso de recuperación y normalización de la economía”, completó.
Los últimos números inflacionarios hicieron “remarcar” al sector privado sus propias estimaciones de precios para lo que resta del año. Así se cristalizó en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central en el que las consultoras y bancos participantes ajustaron un punto porcentual sus cálculos de inflación para 2021 y esperan un 48,3% al cerrar el año.
