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El caso de Matías Videla, exgerente general de Cencosud sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada, sumó una nueva disputa judicial. El retailer ligado a la familia Paulmann demandó a Southbridge Compañía de Seguros Generales y Starr International Seguros Generales. Cencosud busca que los tribunales reconozcan la cobertura de los gastos destinados a la defensa del exejecutivo. También pretende evitar una eventual devolución de $ 109,3 millones de pesos chilenos (US$ 117.024).
Presentada en junio, la demanda consta de 37 páginas y solicita el cumplimiento forzado de un seguro de responsabilidad civil para directores y ejecutivos, conocido como D&O. Southbridge y Starr habrían asumido en partes iguales el riesgo correspondiente a esta cobertura. El programa contemplaba una póliza primaria por US$ 20 millones y otra de exceso por US$ 40 millones adicionales. Ambas estuvieron vigentes entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
El origen de la disputa
La contratación fue intermediada por Aon Risk Services Chile e incluyó una retroactividad ilimitada, según los documentos incorporados al proceso. En mayo de 2023, Cencosud denunció el siniestro luego de que la CMF formulara cargos contra Videla. El regulador lo sancionó con 15 mil UF por adquirir 613.026 acciones de Cencosud por cerca de $800 millones de pesos chilenos (US$ 856.232). El exejecutivo realizó esas operaciones mientras tenía acceso a información reservada sobre una eventual adquisición en Brasil.
La CMF confirmó posteriormente la sanción y la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por Videla. En febrero de 2026, la Corte Suprema ratificó esa decisión. De esta manera, las distintas instancias mantuvieron vigente la multa impuesta por el regulador. Estas resoluciones ahora forman parte del debate sobre el alcance de la cobertura contratada por Cencosud.
Durante la tramitación del caso, Southbridge y Starr desembolsaron $129,6 millones de pesos chilenos (US$ 139.000) en honorarios por la defensa de Videla y la asesoría de otros ejecutivos citados a declarar. Los pagos se efectuaron primero directamente a los estudios jurídicos y después a Cencosud. La póliza permitía a los ejecutivos asegurados escoger libremente a sus abogados. Sin embargo, las compañías debían aprobar previamente los honorarios.
El contrato establecía además que los desembolsos tenían carácter de anticipos y podían recuperarse si posteriormente se determinaba que el siniestro no estaba cubierto. En abril, el liquidador Charles Taylor Chile reconoció cobertura por $ 20,3 millones de pesos chilenos (US$ 21.800), correspondientes a la asesoría de testigos y otros ejecutivos. Para los $109,3 millones de pesos chilenos (US$ 117.300), vinculados con la defensa de Videla ante la CMF y los tribunales, consideró aplicable una exclusión de conducta. Por ello, recomendó a las aseguradoras exigir su restitución.
El cuestionamiento al informe
Consultada por el proceso, Cencosud respondió que “no realizamos declaraciones sobre procesos judiciales en curso”. La compañía expuso sus argumentos en la demanda, donde cuestionó la interpretación realizada por Charles Taylor sobre la exclusión de conducta. Según el retailer, las condiciones particulares del seguro eliminaron expresamente la posibilidad de activar esa exclusión mediante una resolución de una autoridad administrativa. El punto central es, por tanto, qué condición exige la póliza para negar la cobertura.
Cencosud sostiene que debe existir una sentencia judicial o arbitral que califique la conducta como criminal, deshonesta o fraudulenta, o una admisión escrita del asegurado. A juicio de la compañía, las resoluciones emitidas en el caso solo revisaron la legalidad de la sanción impuesta por la CMF. Por ello, afirma que ninguna calificó de manera autónoma la conducta de Videla bajo los términos establecidos en el seguro. Esta interpretación sustenta su reclamo sobre los $ 109,3 millones.
Antes de acudir a los tribunales, el retailer impugnó formalmente el informe de Charles Taylor. Cencosud cuestionó el rechazo de los honorarios, la recomendación de solicitar su devolución y un error en la identificación de la póliza. El documento consignó el número correspondiente al seguro de exceso por US$40 millones, pero lo vinculó con el límite de US$ 20 millones de la cobertura primaria. Según la demanda, el propio liquidador reconoció posteriormente esa equivocación.
La posición de las aseguradoras
Pese a la impugnación, Charles Taylor respondió el 1 de junio y mantuvo íntegramente sus conclusiones. Cencosud afirmó que Southbridge y Starr adhirieron a esa decisión sin presentar antecedentes adicionales. Quince días después de recibir la respuesta, la compañía presentó la demanda. Con ello, trasladó a los tribunales la discusión sobre la aplicación de la exclusión y el destino de los $109,3 millones.
Southbridge y Starr todavía no han contestado el fondo de la demanda. El 19 de agosto, ambas interpusieron una excepción dilatoria de ineptitud del libelo y pidieron que Cencosud corrija su presentación. Las aseguradoras sostienen que existe una contradicción entre la acción ejercida y los hechos expuestos por el retailer. Su argumento se basa en que los $ 109,3 millones ya fueron pagados como anticipos para cubrir costos de defensa.
Desde esa perspectiva, las compañías consideran que no existe una prestación económica pendiente cuyo cumplimiento pueda ordenar el tribunal. También remarcaron que no han efectuado un cobro concreto contra Cencosud. Según su presentación, el retailer busca obtener una declaración sobre el carácter definitivo de pagos ya realizados e impedir una restitución que todavía es “eventual y futura”. El cuestionamiento apunta así a la forma en que Cencosud planteó su pretensión judicial.
¿Qué resolverá el tribunal?
La primera decisión corresponderá al tribunal, que deberá determinar si procede la excepción procesal presentada por las aseguradoras. Si la acoge, Cencosud tendrá que precisar o corregir su demanda antes de que comience el análisis sobre la cobertura del seguro. Solo después de superar esa etapa podrá discutirse el fondo de la controversia. En ese escenario, el proceso deberá determinar si la póliza ampara los gastos de defensa de Videla.
En cuanto a los equipos legales, Cencosud está representada por Rodrigo Sapag Álvarez, socio del estudio Portha Abogados y Consultores. Southbridge y Starr International, por su parte, cuentan con la asesoría de Sebastián Mardones, de Goñi & Cía Abogados. Ambos equipos intervienen en el proceso iniciado por el retailer. La disputa deberá establecer si los $109,3 millones corresponden a gastos cubiertos por el seguro D&O o si procede su eventual restitución.
